Invitada especial Alicia Barcena *
Estamos frente a un cambio de era con nuevos desafíos políticos, económicos, sociales y ambientales. Vivimos en una sociedad globalizada, interconectada y muy informada que nos plantea la urgente necesidad de una redefinición de las relaciones de poder entre los estados, y entre éstos y los actores emergentes. Estamos presenciando manifestaciones de ciudadanías activas alrededor del mundo que no encuentran una institucionalidad que los incorpore de forma sistemática a la toma de decisiones de políticas que los afectan y una democracia representativa, la cual, independientemente de su legitimidad, parece ser insuficiente para gestionar las nuevas demandas en los tiempos requeridos.
Por otro lado, tenemos a los gobiernos de los países desarrollados que de forma individual y colectiva, a través de mecanismos surgidos ad-hoc, como el G20 y la institucionalidad existente, como el Fondo Monetario Internacional, se encuentran absortos en la búsqueda de soluciones y de medidas de mitigación de los efectos de la crisis financiera, la cual es el efecto de un sistema estructurado alrededor de una economía de especulación, sin base productiva. Sus decisiones y medidas son cuestionadas por aquellos países que no participan de estos mecanismos, a pesar de tener economías crecientemente prósperas, y los que, no contribuyendo al descalabro financiero, han sido afectados en sus niveles de crecimiento.
Sin duda la crisis financiera mundial constituyó un punto de inflexión en la institucionalidad internacional y nacional, la cual se evidencio insuficiente para regular la dinámica de las instituciones financieras globalizadas. La crisis también puso de manifiesto la profundidad de las interconexiones y por ende inter-dependencias de las economías de los países y una marcada desregulación de sus mecanismos y operaciones. Los desafíos que nos plantea, los cuales se unen a los desafíos de las crisis alimentaria, energética y climática, están enfocados hacia una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional y particularmente de los sistemas regulatorios y de supervisión, a fin de garantizar mejores sistemas de control, alerta y prevención, y por ende una mayor estabilidad financiera global. Pero también están enfocados hacia un replanteamiento del tipo de crecimiento y desarrollo que estamos buscando y el tipo de sociedades queremos construir.
La Organización de Naciones Unidas, el pilar central de la gobernanza global, se ve demandada a asumir un rol protagónico en la definición de este marco institucional que logre la gestión de la globalización al servicio del interés público y de la gente, bajo el principio de universalidad de los derechos y en el marco de un multilateralismo activo.
Entonces nos queda claro que estamos frente a la necesidad de definir una nueva agenda global de desarrollo en su acepción más extensa, es decir, una agenda que contemple los nuevos desafíos políticos, económicos, sociales y ambientales y las prioridades, tanto de los países desarrollados, como de los países en desarrollo; que se requiere de una fortalecida institucionalidad financiera global para enfrentar la crisis; y una arquitectura institucional legítima y representativa, cimentada en un multilateralismo real y efectivo, que sea capaz de dar cuenta del cumplimiento de las decisiones globales.
Una agenda de desarrollo más equilibrada, que recoja las prioridades de los países desarrollados y en desarrollo, debe trascender la relación donante-receptor y debe colocar a la igualdad al centro de sus prioridades y a la sostenibilidad como objetivo, pues es de amplio conocimiento que existen obligaciones compartidas con responsabilidades diferenciadas en problemas globales como el calentamiento global; la degradación ambiental; la pobreza y desigualdad y la profundización de las democracias, las cuales por ende no son potestad exclusiva de los países en desarrollo. La provisión de bienes públicos globales, tales como la paz y seguridad, la igualdad y la protección social es deber de todos. Es entonces necesario replantearnos la alianza global para el desarrollo, reflejada en el octavo objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para, además de reforzar el cumplimiento de destinar el 0.7% del INB a la Ayuda Oficial para el Desarrollo, suscrito por parte de los países desarrollados, en el marco de las Conferencias de Monterrey y Johannesburgo, tengamos una visión más comprensiva que incluya mecanismos de intercambio comercial en mejores condiciones, acceso a flujos más estables de capitales, de crédito y mayores niveles de inversión extranjera directa.
Trascender la agenda de donante-receptor, no significa de manera alguna obviar los compromisos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo, sino ampliarla hacia mecanismos complementarios y sostenibles, tratando de abordar la diversidad de necesidades de los países, de acuerdo a sus capacidades y niveles relativos de desarrollo. En el caso de América Latina y el Caribe, las brechas existentes y que requieren de financiamiento adicional y cooperación, pues los recursos internos son insuficientes, se refieren a la desigualdad y protección social; productividad interna entre sectores y la externa, debido a la brecha tecnológica; formación de capital humano y educación; volatilidad de flujos de capitales que inciden en el PIB de los países, al igual que flujos inestables de inversión extranjera directa y la gran asignatura pendiente de la fiscalidad.
El calentamiento global es un tema de atención urgente que requiere de un gran consenso global para acordar nuevos límites de emisión de gases efecto invernadero que se condigan con la urgencia de no profundizar sus efectos, y en el fondo, un compromiso ético respecto a un modelo de desarrollo que sea menos dependiente del carbono, deponiendo de esta forma intereses de los países respecto de su propio crecimiento, en aras del bien común.
En este mismo sentido, la adaptación al cambio climático requiere de fuertes montos de financiamiento pero no en un futuro cercano, no en 5 años más, lo requiere ahora, pues pone en riesgo la seguridad alimentaria, la salud, e incide en la priorización del gasto público de los países para atender el efecto de los desastres por inundaciones, sequías, y deslizamientos, entre otros, que afectan a las poblaciones más pobres y vulnerables. Sin ir más lejos, se calcula que durante el 2010 los daños materiales por causa de desastres naturales en América Latina y el Caribe ascendieron a US$ 49,188 millones de dólares y el gasto promedio de la región entre el 2000 y el 2008 dedicado a afrontar los gastos producidos por las catástrofes naturales ascendió a US$ 8,600 millones de dólares.
Respecto a las reforma de la institucionalidad financiera global, esta debería enfocarse hacia una mayor capacidad para gestionar el ciclo económico en tres aspectos: mayor participación; fortalecimiento del sistema de regulación y de prevención; y la reforma del sistema de reserva. En cuanto al sistema de reserva basado en el dólar, éste crea restricciones en la capacidad de ajustar desequilibrios globales, dependencias e incertidumbre ligadas a un solo país, por lo que es urgente explorar la emisión de una nueva moneda de reserva. Estamos conscientes del grado de dificultad y resistencia que esta medida podría ocasionar, pero es vital para dar mayores seguridades y estabilidad al sistema financiero global. El caso de las instituciones financieras, las reformas deberían estar concentradas en aumentar sus recursos; fortalecer sus sistemas de regulación y supervisión y la activación de sistemas de prevención a través de mecanismos de alerta temprana y la coordinación efectiva entre instituciones multilaterales y entre instancias globales y regionales. La gobernanza de los organismos internacionales actualmente basada en cuotas tiende a la exclusión y a la limitada participación de los países en desarrollo en la definición de los criterios de asignación de recursos en instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esto debe cambiar para articular criterios de peso específico basados en las necesidades de los países en desarrollo por un lado, y niveles de contribución y peso específico de sus economías, por el otro. El rol del G20, vital en el momento de su creación y funcionamiento para gestionar la crisis financiera global, no debe reemplazar, sino fortalecer los roles de las instituciones financieras existentes, tales como el Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, una gobernanza inclusiva debe complementarse con una instancia de rendición de cuentas que también sea inclusiva y que vele no solamente por el respeto de las preferencias de los países, sino también por la provisión de recursos necesarios a los organismos que deben implementar la agenda global y especialmente la transparencia en el manejo de los recursos.
Respecto a una nueva arquitectura que gestione la globalización en un marco de multilateralismo, no hay lugar a dudas de que la Organización de las Naciones Unidas, constituye el pilar de la gobernanza global, legitimado por su representatividad, en la que se congregan 193 estados con igualdad de voto en la Asamblea General. La Organización de las Naciones Unidas representa los valores éticos y aspiraciones de la humanidad, representados en el respeto por los derechos humanos, el derecho al desarrollo, y el aseguramiento de la paz y seguridad mundial, así como el foro natural para lograr acuerdos globales, pues no existe ninguna otra organización con presencia universal, ni con ese nivel de representatividad.
Naciones Unidas ha contribuido a la provisión de bienes públicos globales; al establecimiento y fortalecimiento del multilateralismo, y a generar los consensos necesarios para llegar a acuerdos en temas vitales para la convivencia entre los estados, tan sensibles como los Derechos Humanos y tan complejos como la educación, la reducción de la pobreza y el desarrollo, para así construir una agenda global compartida, con metas específicas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La incidencia y efectividad de estos acuerdos, está en manos de los estados y depende de la forma en cómo logren incorporarlos y adaptarlos en sus legislaciones y políticas internas. Pero su efectividad también depende de que la institucionalidad y los procesos globales y regionales faciliten esta incorporación y adaptación, a través de la cooperación financiera y tecnológica entre los países, en cualesquiera de sus modalidades: norte-sur; sur-sur, cooperación trilateral y/o la cooperación descentralizada y la mejora en las condiciones del comercio internacional, de acuerdo a lo compromisos internacionales.
Ahora bien, es también necesario que Naciones Unidas responda a los cambios que demandan los países y a los nuevos requerimientos de la globalización. En el marco de esta profunda reforma, es imperativo que se amplíe la representatividad del Consejo de Seguridad y que el sistema de los organismos financieros internacionales basado en cuotas se modifique, para que efectivamente logre reflejar el concierto de los intereses, la diversidad y la democracia global. Así también es necesario potenciar al Consejo económico y social de las Naciones Unidas (ECOSOC) con un mandato mucho más amplio, para generar las condiciones de un mayor diálogo entre los encargados de la formulación de la política, el mundo académico y los organismos internacionales. Por lo que deberá convertirse en un foro capaz de convocar a organismos de Bretton Woods, tales como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, tal como se hizo en la Cumbre de Financiamiento para el Desarrollo en el año 2002.
Sin duda la CEPAL ha acompañado a la región en momentos de cambio y ejercido un rol muy activo desde su creación, no solo en la construcción de un pensamiento sobre el desarrollo que emana de la región, promoviendo un foro natural para el diálogo político de los países de la región y para la generación de conocimiento y análisis que contribuya al diseño de estrategias y políticas de desarrollo inclusivas y sostenibles, sino a la integración de la agenda de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos, desde los derechos políticos hasta los sociales, económicos y ambientales. Así también la CEPAL es reconocida como un promotor y facilitador de los procesos de integración, que buscan mayores capacidades de la región de diseñar respuestas coordinadas entre los estados y entre éstos y los actores no estatales, de manera no solo de enfrentar, sino de insertarse en estos procesos globalizadores, de una forma estratégica y favorable.
En este cambio de época, la CEPAL deberá continuar fortaleciéndose para que la región de América Latina y el Caribe sea escuchada y reconocida en sus logros y en su capacidad de aportar a la gobernanza global e incentivada y apoyada a superar sus desafíos. El objetivo no es simple, requiere de compromisos conjuntos y urgentes, pero es posible y necesario para que el nuevo paradigma del desarrollo sostenible incluya a todos y todas y para que garantice un futuro promisorio a las futuras generaciones.
* Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica Para America Latinoamérica (CEPAL)
English 
Español 
