Por Julio Alak
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina
El lavado de activos proveniente de actividades delictivas y el financiamiento de hechos y asociaciones terroristas son acciones que, con sus particularidades, tienen una matriz común: constituyen un engranaje esencial en el circuito de los delitos complejos, que traspasan las fronteras estatales, y exigen un abordaje que comprenda integralmente la realidad en términos globales.
Con ese convencimiento, la Presidenta de la República Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, instó a todos los organismos nacionales y a los demás poderes del Estado argentino a realizar el máximo esfuerzo para que nuestro país alcance los más altos estándares internacionales en esa materia, superando todas las deficiencias existentes.
En virtud de ese compromiso, se inició en los últimos dos años un proceso de reforma estructural de todo el sistema argentino de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que incluyó el dictado de leyes, decretos presidenciales y reglamentos administrativos, junto con la reestructuración y el fortalecimiento de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de la supervisión y control de todo el sistema.
Una firme expresión de ello, se evidencia en el respaldo y la participación de nuestro país en la conformación e integración de organismos internacionales especializados como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y el Grupo EGMONT, que reúne a más de ciento veinte países.
En la última década y media, estos organismos elaboraron y aplicaron una gran cantidad de mecanismos de evaluación, recomendaciones y regulaciones fundadas en el estudio sistemático y altamente especializado de todas estas problemáticas.
La realidad que diariamente nos muestra el contexto internacional nos ha enseñado que estas medidas resultan imprescindibles para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y a sus mecanismos de financiamiento. En el ámbito interno, tengo que recordar aquí, con profundo dolor, que la Argentina ha sido escenario de dos atentados terroristas que le costaron la vida a más de un centenar de personas durante la década del noventa. Por lo tanto, somos absolutamente conscientes de la gravedad del problema que constituye el terrorismo internacional y, en consecuencia, entendemos la necesidad de actuar con absoluta firmeza ante esta forma aberrante de la criminalidad organizada transnacional.
Por su parte, el lavado de dinero es una actividad mediante la cual se realizan maniobras destinadas a otorgar apariencia lícita a bienes provenientes de actividades criminales, por lo que, a través de su comisión, se concreta el aprovechamiento económico de los delitos con contenido patrimonial. En tanto, el financiamiento del terrorismo consiste en la generación de condiciones materiales -en parte con fondos de origen lícito- que facilitan nuevas conductas criminales de extrema gravedad. De este modo, ambos delitos operan en ese momento de trance vital para el funcionamiento de las redes delictivas: el pasaje de lo lícito a lo ilícito, y su contrario.
No es posible ignorar que estas conductas afectan, a su vez, el orden económico y financiero internacional, en tanto trastocan el circuito formal de recursos y dañan la confianza y la transparencia de los mercados.
Entre los organismos abocados a esta problemática, la Argentina ocupa posiciones de privilegio, tales como su pertenencia al Grupo de los 20 (G20) y su calidad de miembro pleno entre las 34 representaciones nacionales que integran el GAFI, lugar que ostentan sólo tres países de Sudamérica.
Este último es uno de los principales organismos veedores de la transparencia financiera internacional, y ha generado un importante caudal de lineamientos dirigidos a investigar, prevenir y perseguir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Como referí anteriormente, en los últimos dos años la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha puesto en marcha un profundo proceso de transformación normativa e institucional que ha logrado adaptar la realidad local al sentido de las recomendaciones internacionales.
Dichos avances se verifican en las siguientes medidas adoptadas recientemente:
- Las actualizaciones legislativas, tanto en materia de prevención del lavado de dinero cuanto del financiamiento del terrorismo, donde se incorporó al Código Penal Argentino un Capítulo especial sobre los delitos contra el orden económico y financiero.
- El dictado de tres Decretos presidenciales que reglamentan la ley de la Unidad de Información Financiera, instauran un Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y establecen un mecanismo de congelamiento de fondos a nivel administrativo cuando los mismos tienen relación con el financiamiento del terrorismo.
- La emisión de una gran cantidad de normas administrativas, por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), que fijaron las pautas de actuación para todos los involucrados en el sistema de control, supervisión y sanción.
En los últimos dos plenarios del GAFI se han evaluado muy positivamente dichas iniciativas, junto a todo el proceso de reformas que está implementando nuestro país, destacándose la importancia del compromiso político del más alto nivel y la gran cantidad de reformas introducidas en el último tiempo.
Argentina está satisfecha con los logros conseguidos. Sin embargo, somos conscientes de que todos ellos constituyen el primer eslabón de una política de Estado que está destinada a seguir creciendo y a fortalecerse. Sabemos que el abordaje de una realidad dinámica exige análisis, reflexión y modernización permanente de nuestros instrumentos de control y prevención.
Estos resultados no habrían sido posibles sin el máximo compromiso político de la Presidenta de la Nación. Asimismo, la colaboración técnica de la Secretaría del GAFI y de diversas delegaciones de países especialmente interesados en el progreso de la República Argentina en esta materia, han constituido aportes significativos de gran ayuda.
De aquí en más, el desafío es mantener un proceso de trabajo constante, con plena consciencia de las necesidades locales y globales. La actualización de nuestro sistema represivo ha sido un paso importante, como también lo es la ampliación de las facultades de control, prevención y sanción. Todas estas herramientas están en un proceso creciente de integración y coordinación, tanto con los actores locales como internacionales, fortaleciendo y consolidando aún más nuestro sistema de lucha contra el lavado de activos de origen ilícito y el financiamiento del terrorismo.
Por este motivo, tenemos la más firme convicción de continuar por el camino que hemos trazado en estos últimos años, acompañando con políticas locales el trascendente proceso de integración global.
Este artículo fue publicado en el Newsletter de la Embajada Argentina en los Estados Unidos
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