Lectura Recomendada: El colapso del orden liberal

Occidente vive en estos momentos el inicio de una convulsión política profunda y estructural. Acontecimientos como el Brexit o la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales americanas son las primeras instancias significativas de esa convulsión. El común denominador de estos procesos está siendo el descontento de amplios segmentos de la población con las élites políticas, económicas e intelectuales de sus países y la aparición de movimientos políticos fuertemente rupturistas con el orden liberal que esas élites han construido en las últimas siete décadas. La arquitectura liberal bajo asedio es aquella compuesta por el Estado de Derecho, el libre mercado, la porosidad de las fronteras y el multiculturalismo; y a nivel internacional, el libre comercio, la defensa del Derecho Internacional y los derechos humanos. Vivimos, por tanto, el inicio de una era antiliberal.

El apoyo medio a partidos de extrema derecha en países europeos ha pasado del entorno del 1% en los años ochenta del siglo XX a una cifra superior al 12% en 2016. Se trata de cifras medias; muy superiores en países concretos y que precipitan el posicionamiento de la extrema derecha en el corazón de la vida política en lugares como Francia, Alemania, Austria u Holanda. La extrema izquierda también ha visto un aumento significativo en sus apoyos desde 2005 sobre todo en el sur de Europa. Entre 2004 y 2014, el nivel de confianza en la Unión Europea cayó más de 20 puntos porcentuales. Los niveles de aprobación de las instituciones políticas nacionales de los Estados miembros de la UE son asimismo extremadamente bajos. De hecho, se empieza a atisbar un cuestionamiento del marco político y jurídico bajo el que se vive en países occidentales. En Europa y en Estados Unidos el apoyo a la democracia como forma de gobierno ha caído de manera muy marcada desde los años cuarenta del siglo XX. Según datos del World Values Survey, entre 1940 y 1980 el porcentaje de norteamericanos que definía como “fundamental” el hecho de vivir en una democracia cayó del 75% a menos del 25%. Las cifras son similares en Reino Unido, Austria y otros países europeos.

Tal vez lo más paradójico de estos acontecimientos es que se producen en un entorno de gran generación de riqueza agregada. EEUU tiene hoy una renta per cápita media 10 veces mayor que la que tenía en 1960. En el caso español, el PIB per cápita pasó de 396 dólares en 1960 a 35.580 en 2009 (ambas cifras en dólares corrientes). Las múltiples crisis que vivimos tienen lugar en países aparentemente prósperos. Lo que es más, la consecuencia política directa de esas crisis está siendo el cuestionamiento del orden liberal sobre el que se ha sustentado la generación de esa prosperidad. No se debe olvidar que la arquitectura liberal construida a lo largo del siglo XX –muy en particular el libre mercado y libre comercio– permitieron que el PIB mundial aumentara por un factor de más de 70 entre 1900 y 2016; pasando de 1,1 billones de dólares a 78 billones (en dólares constantes de 1990).

Surgen por tanto dos preguntas fundamentales: ¿Por qué se produce en estos momentos el cuestionamiento de las élites occidentales así como del marco de convivencia que estas han construido y que tanto éxito han tenido en el último siglo? Y, una vez entendido el origen de la actual convulsión: ¿Cómo encontrar un nuevo equilibrio económico y político que devuelva la legitimidad al sistema?

 

Crisis financiera, globalización e identidad

Tres hechos dificultan el diagnóstico del origen de la convulsión política descrita arriba. El primero es la crisis financiera que se inicia en EEUU en 2007 y se extiende a Europa para convertirse en una crisis de deuda soberana. Este shock destruye valor económico y multitud de empleos a ambos lados del Atlántico. En España, por ejemplo, provoca el estallido de la burbuja inmobiliaria, arrastrando consigo a gran parte del sector bancario y provocando un parón repentino de la construcción. El desempleo en España pasa del 8,26% en 2006 al 25,77% en 2012. En términos del número de desempleados, supuso pasar de aproximadamente 1,8 millones a más de seis millones. Semejantes cifras han llevado a muchos analistas a asociar el malestar político actual de forma casi exclusiva con la crisis económica. Si uno coincide en ese diagnóstico, la solución es sencilla: implementar reformas estructurales, ganar en competitividad y generar empleo.

El segundo fenómeno que condiciona nuestra forma de estudiar la situación actual es la globalización y sus efectos sobre las clases medias en Europa y EEUU. Aquí el trabajo de Branko Milanovic ha sido la referencia, y sus conclusiones son contundentes: entre 1988 y 2016 los grandes beneficiarios de la globalización han sido las clases medias en países emergentes, sobre todo India y China, que han visto cómo sus rentas en términos reales se multiplicaban por más de dos. Las clases medias occidentales, sin embargo, vieron en ese periodo un estancamiento de rentas. Según esta tesis, el efecto fundamental de la globalización, y en concreto del libre comercio, es una transferencia de producción, empleo y, en último término, de rentas de Occidente a Oriente. La campaña a la presidencia de EEUU llevada a cabo por Trump se construyó en gran medida sobre este diagnóstico, vertebrando un mensaje profundamente contrario al libre comercio. La solución a los problemas de la case media americana, según ese mensaje, pasa por endurecer las condiciones comerciales con países como China, México u otros, y revisar de forma profunda el marco comercial global.

El tercer y último hecho que enturbia el diagnóstico del origen de la profunda fractura política actual es la descomposición de varios Estados en el Mediterráneo Sur y en Oriente Próximo que se inicia en 2011. Ese colapso estatal en el vecindario sur de Europa ha tenido dos consecuencias fundamentales. La primera, el nacimiento de Estado Islámico y el agravamiento de los ataques terroristas en Europa y EEUU por parte de individuos o grupos que habían jurado lealtad al movimiento. La segunda, una ola sin precedentes de inmigración del mundo árabe a la UE. Estos hechos han llevado a muchos a concluir que detrás del apoyo a partidos extremistas en Europa y EEUU se encuentra un rechazo a los inmigrantes y una asociación de esos colectivos con el aparente aumento de la inseguridad.

Surgen así tesis que sostienen que aquellos que votaron a favor del Brexit o de Trump son hombres blancos de clase media baja que perciben su identidad en peligro en un mundo cada vez más cosmopolita, abierto, y expuesto al cambio. Hay datos que parecen corroborar este diagnóstico: por ejemplo, más de un 60% de los ciudadanos griegos considera que la inmigración hace que Grecia sea un “lugar peor para vivir” o que un 61% de los alemanes estime que acoger refugiados incrementará la inseguridad en su país. Si lo que esta alimentando la radicalización política en Europa es la inmigración, entonces, de nuevo, la solución es sencilla: cerrar las fronteras, expulsar a aquellos que no hayan entrado legalmente en Europa y EEUU y endurecer el marco jurídico para proteger la identidad nacional.

Si bien las tres fuerzas descritas arriba han tenido sin duda un gran impacto en nuestras sociedades y en la vida política, estas ocultan una tendencia mucho más profunda y estructural. Esa tendencia no es otra que la transformación de nuestros procesos productivos provocada por el avance tecnológico y su impacto en la distribución de rentas. Esta disrupción, que tiene una escala y velocidad sin precedentes, esta produciendo una profunda fractura social. La solución a este reto requerirá una combinación de medidas muy distintas a las que ocupan nuestro debate político en la actualidad. De hecho, la mayor parte de las recetas económicas propuestas por los nuevos partidos de corte populista agravan las consecuencias negativas de la revolución tecnológica y destruyen valor económico.

 

Tecnología, prosperidad y la fractura del contrato social

En mitad del ruido y la confusión por las crisis a las que se ha enfrentado el mundo en las últimas décadas, se ha producido otro acontecimiento más silencioso e incremental: el advenimiento de las máquinas inteligentes. Poco a poco, las máquinas han empezado a ser capaces no solo de desarrollar labores sencillas y repetitivas sino de procesar información cada vez más compleja. Esa transformación ha tenido un efecto profundamente disruptivo en el mercado laboral y la distribución de rentas en nuestras sociedades.

Es cierto que el mundo se ha enfrentado con anterioridad a procesos de cambio tecnológico y de transformación del mercado laboral. Entre 1860 y 1970, el porcentaje de la población activa americana dedicada a la agricultura pasó de cerca del 80% al 3%. Ese desplome del empleo en el sector primario vino acompañado de una auténtica explosión en la productividad agrícola que se multiplicó por un factor cercano a 10 en el mismo periodo. Algo similar sucedió en el sector industrial americano entre los años ochenta y 2015, con una caída de cerca del 50% en el número de empleos en industria acompañada, sin embargo, de un aumento de la productividad de más del 250%. En 1980 hacían falta 24,9 trabajadores en la industria americana para producir bienes por un valor de un millón de dólares. En 2015 esa cifra era de 6,4 trabajadores.

En ambas instancias se observa la misma tendencia: aumentos de productividad causados por la utilización de nuevas tecnologías en los procesos agrícolas e industriales acompañados de una reducción de empleo. La gran diferencia entre ambos procesos fue la velocidad de la transformación. El colapso del empleo agrícola tardó más de un siglo en completarse. El empleo en el sector industrial sufrió, sin embargo, un ajuste severo en tres décadas.

El gran generador de empleo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX fue el sector servicios. Hoy un proceso análogo al descrito arriba empieza a afectar a este sector. Un estudio de 2015 de la Oxford Martin School estima que en las próximas dos décadas se automatizará el 47% de los empleos actuales; la mayoría en el sector terciario. Profesiones como la abogacía, la traducción, la asesoría fiscal y contable, el periodismo o el transporte van a sufrir una fuerte disrupción. Sabemos ya, por ejemplo, que en las próximas décadas los coches autónomos destruirán más de tres millones de puestos de trabajo en EEUU.

El último proceso de automatización ha producido desde los años setenta una marcada divergencia entre productividad y rentas del trabajo. Entre 1973 y la actualidad, la productividad de bienes y servicios se multiplicó en EEUU por más de 2,5, mientras las rentas del trabajo permanecían congeladas. Este es un hecho trascendental. En el pasado, las ganancias en productividad terminaban traduciéndose en rentas del trabajo y, en última instancia, alimentaban la creación de una clase media. Esta dinámica ha dejado de darse. Ahora, a través de la utilización de tecnología avanzada, somos capaces de aumentar la productividad sin generar empleo o remunerar mejor el que ya existía.

Es ese decoupling, o desconexión, de productividad y salarios lo que está detrás de la erosión de las clases medias occidentales y de la concentración de riqueza en manos de los tenedores de capital; sobre todo, de aquellos que son dueños de los robots y algoritmos que alimentan la actual revolución tecnológica. Esto supone un cambio fundamental en la relación entre tenedores de capital y trabajadores por cuenta ajena y, de hecho, una verdadera fractura del contrato social.

En EEUU esa fractura adopta la forma del fin del sueño americano y de la idea de que si uno trabaja con determinación, puede mejorar su situación económica y social. Un estudio reciente de Raj Chetty de la Universidad de Stanford confirma que la probabilidad de que un americano gane en vida más que sus padres se ha desplomado desde los años cuarenta. Un americano nacido en los años posteriores a la Segunda Guerra mundial tenía una probabilidad del 92% de ser más próspero que sus padres. Para un millennial (los nacidos en la década de los ochenta), esa cifra se ha desplomado a menos del 50%. La situación en varios países europeos no es mejor. Entre 2009 y 2015, más de un 90% de los hogares italianos vieron cómo su renta permanecía congelada o decrecía. Esa cifra era del 70% en el caso de hogares en Reino Unido y Holanda, o de algo mas del 60% en Francia. La progresión económica es hoy prácticamente inexistente para las clases medias europeas y americanas.

 

El ‘precariado’, la era anti-élites y el colapso del orden liberal

Las dinámicas descritas, y sobre todo la automatización de empleos cada vez más sofisticados, están produciendo la gestación de una nueva clase social. Ese nuevo colectivo lo componen no solo los desempleados sino, muy particularmente, los subempleados y aquellos que pese a tener empleo viven en la precariedad; los conocidos como “trabajadores pobres”. Este amplio grupo podría denominarse “precariado” y su impacto en la vida política de los países occidentales empieza a ser significativo. La actuación política de este colectivo está adoptando una característica fundamental: el antielitismo o el sentimiento antisistema.

El antielitismo se pudo ver claramente durante el referéndum británico del 23 de junio sobre la pertenencia del país a la UE. El Brexit se produce pese a una auténtica avalancha de informes y opiniones de expertos en su contra. Aquellos que apoyaron la salida de Reino Unido de la UE no confiaban en sus élites académicas, económicas o políticas: de hecho, el nivel neto de confianza en esos colectivos por parte de los que votaron a favor del Brexit era de -30%, -40% y -75%, respectivamente. Las fuerzas que han llevado a Trump a la presidencia de EEUU no parecen haber sido muy distintas. En múltiples encuestas realizadas antes de las elecciones presidenciales, los estadounidenses indicaron que la característica más admirada de Trump era que “sería capaz de cambiar las cosas” (así opinaba el 82% de sus votantes).

El antielitismo se alimenta de forma evidente del pesimismo sobre el futuro económico. El 81% de los votantes de Trump decía estar convencido de que su situación económica era peor de la que habría tenido un americano medio en los años cincuenta. Tanto en EEUU como en Europa, más de un 60% de los ciudadanos cree hoy que sus hijos vivirán peor que ellos.

Las elecciones presidenciales americanas han ofrecido, además, dos lecciones claras e interconectadas. Ambas se derivan de estos datos: Hilary Clinton y Donald Trump se repartieron de forma prácticamente equitativa los apoyos de condados con altos niveles de desempleo. Es decir, las cifras de desempleo no ayudan a entender el apoyo a opciones políticas rupturistas. Donde Trump ganó a Clinton, y por un margen superior a los 35 puntos porcentuales, fue en los condados donde más del 50% de los empleos eran rutinarios o repetitivos.Estos datos demuestran, en primer término, que las cifras de empleo ocultan otro tipo de precariedad que se deriva de la competencia con máquinas y del riesgo de automatización. Por tanto, la relación verdaderamente trascendental se da entre precariedad y apoyo a opciones políticas populistas. En segundo término, los datos anticipan la inestabilidad a la que se exponen nuestras sociedades con el avance de la automatización a empleos no rutinarios.

Como cabía esperar, la oposición a las actuales élites políticas y económicas lleva aparejado un rechazo al orden liberal que estas han construido en las últimas décadas. Ese orden es particularmente vulnerable al sentimiento anti-élites, ya que su sostenibilidad depende en gran medida de que exista una relación de confianza entre representantes y representados. Esta dependencia nace de la complejidad y tecnicidad del orden liberal, y la necesidad de que aquellos que lo sustentan tengan un margen de maniobra para fijar la dirección de políticas públicas.

El orden comercial mundial, por ejemplo, requiere para su supervivencia que las clases medias de países democráticos estén dispuestas a dar un voto de confianza a aquellos que negocian tratados de libre comercio en su nombre. No es posible que todos entendamos en todo momento la totalidad de las disposiciones negociadas como parte de un tratado comercial. Ahora bien, si uno no percibe los beneficios de la globalización lo normal es que se oponga a la totalidad de las actuaciones de las élites políticas, con independencia de si se comprenden las ramificaciones de esa oposición.

Por los mismos motivos, el proyecto de integración europeo sufrirá de forma muy marcada en los próximos años. Los modelos de integración actuales definen como actores fundamentales del proceso a las élites económicas y políticas de los países miembros de la UE. Son estas élites las que entienden los beneficios de la integración y los costes de la desintegración. Si no son capaces de convencer a sus clases medias de la necesidad de continuar sosteniendo el proyecto, empezaremos a ver su desmoronamiento. La OTAN y otras instituciones multilaterales de cierta escala y complejidad no serán inmunes a estos procesos.

En último término, el multiculturalismo y la porosidad de las fronteras, defendidos por las élites liberales por sus beneficios culturales, económicos y demográficos, se empezarán a ver cada vez más cuestionados. Sabemos que es más sencillo poner en duda los beneficios de la inmigración y construir una narrativa contraria a “los otros” que entender las complejas dinámicas de la integración. De hecho, existen multitud de casos históricos en los que procesos de radicalización política han llevado aparejados movimientos antiinmigrantes y antiminorías.

Las consecuencias geopolíticas de la erosión de la clase media producida por la transformación tecnológica empiezan a vislumbrarse: un cuestionamiento del orden liberal y, muy en particular, de la UE y la OTAN, del marco económico comercial y del multiculturalismo.

 

Historia, futuro y oportunidad

Un periodo histórico cuyo estudio podría ayudar a entender la actual convulsión política y a encontrar posibles soluciones son los inicios del siglo XX. En aquel momento también se produjo una profunda transformación del modelo económico y de la distribución de rentas. Entonces emergió una nueva clase social, el proletariado, que empezó a manifestarse políticamente y a apoyar a movimientos antisistema. Esos movimientos, el fascismo y comunismo, terminaron planteando una alternativa radical a la frágil democracia liberal nacida en el siglo XIX y llevando a Occidente a dos guerras mundiales. Tras la convulsión, emergió un nuevo contrato social compuesto por la extensión del sufragio y la creación del Estado de bienestar. El Estado pasó a desempeñar funciones inimaginables en los inicios del siglo XX; como por ejemplo, recaudar impuestos sobre la renta o el consumo, y proveer educación o sanidad de forma gratuita a sus ciudadanos.

La gran pregunta de nuestra era es, por tanto: ¿Qué forma debe adoptar el nuevo contrato social? O en términos más sencillos: ¿Qué combinación de políticas y reformas se deben implementar para acortar la extensión y reducir la profundidad de la convulsión actual?

La respuesta a estas preguntas depende en gran medida de la estimación que se haga de la escala del proceso de automatización de empleos. Lo cierto es que, de momento, es una incógnita si surgirán nuevas categorías de trabajo, distintas de las que hoy se entienden como “servicios”, o si el número de empleos en esas categorías será lo suficientemente amplio como para reemplazar aquellos que se automaticen. A través de la aplicación de tecnologías como robótica avanzada o inteligencia artificial no son ya labores físicas repetitivas las que se sustituyen sino otras más complejas y analíticas. Empezamos a sustituir cerebros humanos por ordenadores. Esta transformación se presenta más estructural que las acaecidas en épocas anteriores, y reduce el espacio de contribución humana a los procesos productivos que no puedan ser realizados con mayor eficiencia por máquinas inteligentes. Dada la evolución exponencial de la inteligencia artificial es previsible que ese espacio sea cada vez menor.

Sea esto como fuere, la educación tendrá un papel central en el paquete de soluciones que se plantee en los próximos años. Sabemos ya, por ejemplo, que el mercado laboral está demandando ciertos conocimientos y habilidades que los sistemas educativos no logran proveer. Según datos de la Comisión Europea, hay en Europa cerca de dos millones de puestos de trabajo que no se logran cubrir por falta de candidatos adecuados. Estos empleos exigen conocimientos cuantitativos, como por ejemplo la programación, y habilidades sociales de distinta índole, siendo la inteligencia emocional la piedra angular de todas ellas. Otras habilidades importantes serán la creatividad, la resiliencia, la interdisciplinariedad y, sobre todo, la adaptabilidad al cambio. Aquí hay espacio para la mejora de políticas educativas y para lograr una fuerte reducción en los costes de transición hacia la economía del futuro.

Sin perjuicio de lo descrito, todo parece indicar que vamos a vivir, al menos durante varias décadas, en un entorno de precariedad laboral y de concentración de rentas en el capital. Esto exigirá una serie de medidas de nueva planta que aporten sostenibilidad económica y política al sistema y que vayan más allá de lo meramente incremental. Las propuestas que empiezan a sugerirse para abordar estos retos son todavía imperfectas y van a requerir de mucho estudio y de prueba y error.

En primer término, todo parece indicar que habrá que ajustar las fuentes de ingreso del Estado, que en estos momentos dependen en gran medida de las rentas del trabajo. De no hacerse este ajuste, nos encontraremos con un ente público capaz tan solo de recaudar impuestos de un colectivo decreciente de trabajadores; que debería ser, en todo caso, el beneficiario de políticas redistributivas y no su financiador. Es necesario, por tanto, diseñar nuevas formas de generar ingresos públicos a partir del capital. Esto se podrá hacer a través de la vía impositiva tradicional, tal como han sugerido algunos autores como Thomas Piketty, o con nuevas categorías de impuestos, como los gravámenes sobre la tenencia de robots o algoritmos. Este tipo de medidas serán extremadamente complejas y podrían desincentivar la innovación. Existe, también, una segunda opción que es la participativa. Se podría plantear aquí la “democratización del capital” a través de la creación de fondos de capital-riesgo públicos, fondos soberanos u otros instrumentos financieros. El objetivo de estos instrumentos sería proveer al Estado de pequeñas participaciones en empresas de innovación y otras.

Los ingresos producidos por estas medidas deberían destinarse a financiar el Estado de bienestar y, en algunas instancias, a ampliar sus instrumentos redistributivos. Podrían surgir también nuevas medidas como rentas básicas, que son, en esencia, transferencias netas de renta a los segmentos más desfavorecidos de la sociedad, o amplios programas de empleo público. Por supuesto, estas medidas no están libres de problemas y plantean múltiples retos, incluidos los de naturaleza psicológica asociados a la desconexión entre empleo, renta y dignidad.

El sector privado deberá también modificar profundamente su forma de actuar. En un entorno donde ganar en productividad no genera rentas del trabajo es insostenible limitar el objeto social corporativo a la maximización de beneficios. Si el sector privado no amplía su interpretación del concepto de “sostenibilidad de negocio” para incluir elementos de naturaleza distributiva que vayan mas allá de los salarios se verá obligado a operar en entornos políticos cada vez más hostiles. No es impensable que terminen entrando en las instituciones públicas políticos abiertamente anticapitalistas; sus actuaciones acarrearán fuertes costes económicos para todos los actores sociales, pero sobre todo para el sector privado. Para evitar esto, es preciso asumir responsabilidades de filantropía y responsabilidad social en las comunidades en las que opere el sector privado.

Con independencia de la combinación de políticas públicas y privadas que termine poniéndole fin a esta convulsión, lo evidente es que nada tendrá que ver con la agenda de los populistas. El desmantelamiento de tratados comerciales, la expulsión de inmigrantes y el cierre de fronteras o el cercenamiento de las libertades económicas tan solo destruirán valor económico y perjudicarán de forma muy particular, precisamente, a aquellos que protagonizan hoy la rebelión contra las élites occidentales.

La agenda económica predominante en estos momentos –que tiene por objeto la recuperación del crecimiento a través de ganancias en productividad– tampoco será suficiente y, de hecho, podría agravar el problema. Esta política genera una competición directa entre trabajadores y máquinas y produce una gran precariedad laboral. Si se continúa aplicando esta agenda sin ningún elemento de ajuste profundo como los señalados, podemos encontrarnos viviendo en países con crecimiento económico pero con una proporción creciente de las rentas yendo a los tenedores de capital, un Estado con graves problemas de financiación y un amplio colectivo de trabajadores pobres.

Llegamos a la conclusión de este ensayo: vivimos los albores de una convulsión política de gran escala. Como en ocasiones anteriores, esta convulsión viene producida por una transformación de la forma en la que se genera y distribuye riqueza en nuestras sociedades. La solución a este reto pasa por una recomposición del contrato social y la implementación de medidas que garanticen la distribución de riqueza en un entorno con un peso menor de las rentas del trabajo. La capacidad para adoptar estas medidas dependerá de nuestra lucidez y de la flexibilidad del sistema. Serán estos los determinantes de la profundidad y duración de la actual convulsión.

 

Por Manuel Muñiz
Publicado en Política Exterior

enero/febrero 2017

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